Derecho en la prensa


 

Columna de la profesora Sara Moreno sobre la situación de la Universidad Arcis

Columna de la profesora Sara Moreno sobre la situación de la Universidad Arcis

A propósito del cierre de la Universidad ARCIS, hemos escuchado estas últimas semanas que se han formulado reproches en contra de la Inmobiliaria Libertad S.A., dueña hasta hace poco de los inmuebles en los que la Corporación educacional desarrollaba su actividad académica. Concretamente, se le ha cuestionado haber tomado decisiones tales como la enajenación a terceros de bienes inmobiliarios de su propiedad, haber recibido pagos por parte de la Corporación y haber distribuido dividendos, mientras ésta atravesaba graves dificultades económicas que la condujeron finalmente a su liquidación y cierre. No obstante, no podemos ignorar que dicha inmobiliaria es, jurídicamente, una sociedad anónima, y como tal, el comportamiento de sus dirigentes y de sus accionistas debe ajustarse a la necesaria consecución del interés social. Al respecto, debemos entonces elegir la noción de interés social a la que queremos adherir. Si nos apegamos a nuestras instituciones liberales y la consecuente noción decimonónica que considera la sociedad como un tipo de contrato que tiene por objetivo normar los intereses individuales de la pluralidad de personas que la integran, su “función típica” es entonces el aumento de las utilidades provenientes del giro de la sociedad, en beneficio de sus accionistas. Desde esta perspectiva, la conducta de los accionistas y directores de la inmobiliaria es lícita y legítima. No obstante, si se ha cuestionado a esta sociedad anónima por cumplir la función típica de este tipo societario, es que tal vez, ya no estamos tan convencidos de la pertinencia de esta noción en nuestro ordenamiento jurídico, ya que nos damos cuenta que el ámbito de actividad de algunas sociedades es de interés general, o contribuye a éste, como es el caso de la inmobiliaria cuestionada. Toman entonces relevancia nociones alternativas de interés social que plantean el problema desde una perspectiva ético-moral y sostienen que son falaces las afirmaciones de que las decisiones de gestión de negocios no tienen un contenido ético, porque todas éstas crean riqueza para alguien, y empobrecen o perjudican a otro. De modo que estos grandes y tristes accidentes sociales a los que ya estamos acostumbrados son tal vez una oportunidad que se nos ofrece de reevaluar nuestro verdadero apego a nuestras instituciones jurídicas liberales, y si efectivamente estamos dispuestos a aceptar que la actividad empresarial pueda lícitamente, atrincherándose en la supuesta “función típica” de las compañías, perjudicar el interés general o intereses comunitarios o sectoriales.

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